La lista de las empresas públicas que podrían privatizarse si avanza la Ley Bases

De la extensa lista de empresas con participación estatal que La Libertad Avanza buscaba dejar a tiro de privatización, finalmente solo un puñado de compañías quedaría en esas condiciones en caso de que avance la Ley de Bases, cuyo tratamiento en el recinto de diputados comenzará hoy.

Así, las empresas que podrían ser privatizadas serían las siguientes:

* Aerolíneas Argentinas

* AYSA

* Energía Argentina

* Radio y Televisión Argentina

* Intercargo

* Correo Argentino

* Belgrano Cargas

* Ferrocarriles Argentinos

* Corredores Viales

Mientras tanto, otras dos, como Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrían ser parcialmente vendidas al sector privado.

La ausencia más llamativa es la del Banco Nación, que el Gobierno decidió quitar de ese listado a pedido de la oposición dialoguista y para que el dictamen de mayoría alcanzado la semana pasada tenga un mayor respaldo.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno no abandonó la idea de permitir el ingreso de capitales extranjeros, y adelantó que la idea que tienen es el modelo del Banco de Brasil que, afirmó, impulsó Lula en su primer mandato como presidente.

“Hay varios sectores de la política argentina que consideran al Banco Nación como un estandarte de empresa pública. Nosotros no lo entendemos muy bien y es un debate que vamos a dar de todas maneras, no lo dejamos de lado”, dijo Francos.

Diferencias con el proyecto original

La ley “Ómnibus” original enviada por Javier Milei al inicio de su gestión, bautizada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, incluyó entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado.

“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se sostiene en el texto.

En aquel momento, incluyó un total de 41 firmas y organismos, entre las que destacaban YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras.

Según relevamiento de Infobae, la gran mayoría de las mencionadas son deficitarias, pero otras dieron ganancias en 2022, como es el caso de la petrolera estatal o el BNA. También resultaron con números positivos la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, de acuerdo a la Fundación Libertad.

Nuevo intento parlamentario

La Cámara de Diputados iniciará este lunes una sesión que se prevé extensa y que se prolongaría hasta el martes, para debatir dos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo considera decisivos para el programa de gobierno: la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambas tuvieron dictamen de comisión la semana pasada y cuentan, a priori, con respaldo parlamentario suficiente para conseguir la media sanción.

Será la segunda vez que el oficialismo intentará aprobar en la cámara baja la ley ómnibus, tras el ensayo fracasado durante el verano, en sesiones extraordinarias, que terminaron con una aprobación en general pero en un naufragio al momento de los votos necesarios durante la discusión en particular. Tras varias semanas de renegociación, llegó al Congreso una segunda versión, más acotada, del mismo proyecto.

Ese mismo texto de ley experimentó, además, cambios con relación al primer borrador que hizo circular la Casa Rosada entre los gobernadores para conseguir su visto bueno y, por derrame, un posterior “poroteo” de votos favorable en el recinto. Además, adjuntó un paquete fiscal, con iniciativas variopintas en términos impositivos, que dotarán al fisco nacional y las provincias de mayores recursos. Fue esa, posiblemente, la llave para destrabar el tratamiento de la ley de Bases.