La Justicia falló a favor de UATRE y garantiza la continuidad de sus actividades
La medida cautelar ordena el cese de violencia y hostigamiento entre representantes de UATRE y OSPRERA en Santiago del Estero.
Santiago del Estero – Tras una serie de hechos violentos ocurridos el pasado viernes 16 de mayo en la sede ubicada en calle Sáenz Peña 306 de la capital provincial, la Justicia se pronunció a favor de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), asegurando la continuidad de sus actividades gremiales y laborales en el edificio compartido con OSPRERA.
El conflicto se originó cuando, según informó UATRE mediante un comunicado oficial, dos efectivos policiales impidieron el ingreso del personal del gremio sin presentar orden judicial ni documentación alguna. La situación, que fue denunciada ante la policía por el delegado normalizador Marcos Barrera y el subdelegado Gonzalo Llanos, se tornó aún más tensa cuando un hombre identificado como Ricardo Alberto Díaz —vinculado al delegado interventor de OSPRERA, Matías Calabrese— amenazó con un cuchillo a los dirigentes gremiales, profiriendo amenazas de muerte.
“Fue un acto de violencia inaceptable, absolutamente fuera de lugar en un ámbito institucional. Nuestro objetivo siempre ha sido el diálogo y la defensa de los trabajadores”, expresó Barrera tras realizar la denuncia.
Según detalla el comunicado, luego de varias horas y la presencia de una escribana pública, Calabrese autorizó el ingreso de los representantes de UATRE, aunque sin mostrar documentación que avalara la restricción inicial. En ese momento, testigos afirman haber escuchado amenazas verbales directas: “O se van por las buenas o se van por las malas”.
A raíz de las presentaciones realizadas por el gremio, la jueza de Control y Garantías en lo Penal, Dra. María del Huerto Bravo Suárez, dictó una medida cautelar de protección de personas. En la resolución, se ordena el cese inmediato de cualquier tipo de violencia y hostigamiento entre integrantes de UATRE y OSPRERA, y se garantiza el normal funcionamiento de ambos organismos dentro del edificio por un plazo de 120 días.
Desde UATRE, reiteraron su compromiso con “la defensa de los derechos de los trabajadores rurales” y denunciaron públicamente “cualquier intento de amedrentamiento o atropello a la institucionalidad, la convivencia pacífica y la libertad sindical”.