El Gobierno eliminó requisitos para los comerciantes de armas y municiones
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) flexibilizó una serie de requisitos que deben cumplir los comerciantes, talleres y fábricas de armas y municiones. Aplica a los establecimientos que funcionen bajo modalidad de trabajo artesanal.
Lo hizo a través de la resolución 49 publicado este viernes en el Boletín Oficial y lleva la firma del director ejecutivo de la Anmac, Juan Pablo Allan.
Segun los considerandos de la normativa, se eliminó la exigencia de contar con habilitaciones municipales e inscripciones específicas ante el organismo para usuarios comerciales distribuidores mayoristas, minoristas, talleres y fábricas de armas y municiones.
También alcanza a talleres de recarga de municiones y plantas de destrucción de materiales especiales, como los vehículos blindados.
En otro tramo del documento, desde el Gobierno aclaran que los usuarios beneficiados por esta flexibilización seguirán obligados a cumplir con las condiciones de seguridad establecidas por la legislación vigente para el almacenamiento y la guarda de materiales controlados.
“Contar o no con la habilitación de ANMAC no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales o municipales que rijan su actividad”, subraya el texto.
Eliminan requisitos para comerciantes y fábricas de armas: todos los detalles
La ANMAC flexibilizó una serie de requisitos que deben cumplir los comerciantes, talleres y fábricas de armas y municiones. Ya no será obligatorio contar con la habilitaciones municipales e inscripciones específicas ante el organismo.
Alcanza a un grupo de comercios del sector que funcionen bajo modalidad de trabajo artesanal y no superen las 1200 unidades producidas por año. Estos son:
Distribuidores mayoristas y minoristas;
Talleres de reparación de armas;
Fábricas de armas artesanales (hasta 1200 unidades anuales);
Fábricas de municiones y componentes;
Depósitos de armas y municiones;
Entidades de tiro con instalaciones propias.
La medida apunta a “reducir la carga administrativa y burocrática”.