Entrevista “En casa”: Especialistas santiagueños coinciden en la necesidad de preservar la masa crítica del bosque nativo

Profesionales santiagueños coincidieron en la importancia de fortalecer los instrumentos de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, luego de la propuesta nacional que se basa en tres objetivos: terminar con la deforestación; federalizar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación del Bosque Nativo (FNECBN) y establecer como delito penal a la deforestación.

Uno de los grandes escollos es el bajo financiamiento de la ley, lo que dificulta implementar prácticas amigables con la conservación y el manejo sustentable de los bosques, ya que representan fuentes de empleo para muchas familias y pueden serlo mucho más, pero en términos generales nuestros bosques están subaprovechados.

En este marco, la facultad de Agronomía y Agroindustrias junto a la de Ciencias Forestales de la UNSE hicieron sus aportes como representantes de la provincia ante este debate lanzado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié.

Si bien desde la sanción de la ley en 2007 hasta esta parte se redujo la tasa de desmontes en la Argentina, distintas voces denunciaron la pérdida de bosques a un ritmo muy preocupante durante una parte de la cuarentena en el norte de nuestro país.

El diario digital Santiago Día por Día de Grissel Herrera convocó a cuatro profesionales de la UNSE para analizar la Ley de Bosques 26.331, sus modificaciones y la importancia de estos recursos en la región. Ellos fueron el Director del Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Publio Araujo; ingeniero forestal Felipe Cisneros; el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia y docente de la FCF UNSE, Dr. Miguel Brassiolo y el Ing. Agr. Pablo Moggio, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE.

En el panel que se transmitió por Facebook, Publio Araujo recalcó que en el debate nacional para buscar un acuerdo a la modificación de la ley “las dos facultades de la UNSE apoyaron la incorporación del capítulo de delitos penales contra los bosques nativos”.

Reconoció que en estos últimos años, “las grandes multas millonarias que se aplicaron y la obligatoriedad incluida en la ley provincial de recomponer, restaurar y otras medidas, han sido insuficientes para desalentar la especulación y la clandestinidad de los desmontes, por eso creemos que hay un paso más y que es la penalización de algunas conductas como el desmonte no autorizado”, apuntó.

La propuesta radica en que se apliquen penas de 3 a 8 años, a quienes cometiesen delitos contra los bosques nativos.

“Las grandes multas millonarias que se aplicaron han sido insuficientes para desalentar la especulación y la clandestinidad de los desmontes”, Publio Araujo.

Siguió luego una pregunta disparadora de la periodista Grissel Herrera: “En estos más de 10 años de la ley ¿crecieron o se frenaron los desmontes?”

Para Araujo, toda legislación debe que ser revisada en el tiempo y acompañar la realidad, por eso es que apuntó que “lo que se difundió en este último tiempo a través de los medios y las redes sociales, fueron denuncias de aceleración de desmontes en tiempos de pandemia”.

“La tasa de desmonte venía disminuyendo gracias a esta ley y creemos que la tendencia puede seguir bajando, pero las superficies que se transforman y se desmontan son muy importantes. Para solo mencionar un dato, desde la facultad (Ciencias Forestales) hicimos un informe para Fiscalía de Estado de la provincia, y allí detallamos que de febrero a junio de 2020, se desmontaron alrededor de 14 mil hectáreas”, puntualizó.

“En esos cinco meses, mucha gente denunciaba que se perdían bosques y se pedía que no siga habiendo esa pérdida de bosque, sobre todo ilegal, es decir, las que no están autorizadas”, trazó el profesional de forestales.

Con preocupación, Araujo trazó que la relación entre las actividades ilegales y las autorizadas “es muy grande y, esa preocupación, se convirtió en un reclamo social a nivel nacional, porque la curva de cómo vienen evolucionando la disminución de bosques nativos, de repente vuelve a crecer nuevamente”, aseguró.

“Estamos en lo que se denomina una masa crítica de bosques. Hacemos nuestras, evaluaciones académicas pero hay criterios internacionales como la FAO, que establecen cuando la superficie del bosque se acerca al 10% de lo que es la superficie continental, entramos en una masa crítica y nosotros estamos en esa situación. Ya estamos casi en el umbral. Aun en el marco de la ley, no se puede seguir disminuyendo los bosques, es la decisión que Argentina debe tomar. Hay que parar la deforestación y mantener la superficie actual”, recalcó.

Sistema de monitoreo participativo

En su aporte al panel, el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de la FCF UNSE, Dr. Miguel Brassiolo, reconoció que la ley “logró generar mucha discusión desde el inicio y movilizó distintos actores, pero es necesario flexibilizar los sistemas de control mediante sistemas de monitoreo participativo”.

“La ruralidad vive del y para el bosque, ellos ayudarán mucho a controlar los desmontes. El bosque se mantiene donde hay gente viviendo. La disminución del desmonte no es solo a través de una ley, sino que hay que intentar de bregar para que se mejoren todas las condiciones de infraestructura, salud, educación para conservar la vida rural, que es lo que falta todavía, así también sostener el equilibrio de las formas de producción de las comunidades rurales”, resaltó el profesional de la UNSE.

El docente Pablo Moggio sostuvo que la participación de Santiago del Estero en este debate nacional “es una oportunidad para expresar y poner en valor lo que significan los bosques para la provincia y su uso sostenible, que contempla no solo aspectos ambientales sino económicos y sociales”.

Recordó que el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) es una alternativa válida como propuesta para la conservación del bosque nativo y su biodiversidad basándose en la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental. “En una visión integral del ambiente que busca el equilibrio entre la capacidad productiva, su integralidad y sus servicios para mantener y mejorar el bienestar del productor y las comunidades asociadas, siempre pensando en hacerlo de manera armoniosa”, trazó.

La vieja dicotomía producción vs. conservación 

El ingeniero forestal Felipe Cisneros hizo eje en la compatibilidad de la producción con la conservación de los recursos forestales, y desmitificó la idea de que bosque que se toca, es un bosque que se daña. “Esta idea es la que hay que separar, porque no es lo mismo el desmonte que la de tala sustentable del bosque. Al bosque lo tenemos que cuidar como un recurso que genera empleo, que aporta a las economías locales y regionales y que ayuda a resguardar la biodiversidad”.

Y al igual que Moggio, defendió como una opción productiva sustentable al manejo del bosque con ganadería integrada, entre otras propuestas que no perjudican la biodiversidad.

Cisneros consideró que en el debate por la modificación de la ley “una de las cosas que se logró consensuar es la necesidad de conservar la masa crítica del bosque, que tiene no solo la región sino el país, porque asociado estos bosques hay todo un sentido de las comunidades rurales y los productores, de allí la necesidad de su conservación.