El oficialismo presentó el pedido de juicio político a la Corte Suprema: cita a los jueces y a 44 testigos
El pedido se presentó un día después de que el presidente Alberto Fernández oficializara la convocatoria al período de sesiones extraordinarias con un listado de 29 proyectos para tratar. Ahora, el oficialismo cumplió con su estrategia de que el pedido de juicio político no sea presentado por el propio presidente sino por el bloque de diputados. Así, el margen temporal para tratarlo es mucho mayor.
El proyecto de los diputados tiene un total de 410 páginas. La mayoría de ellas son sentencias de la Corte Suprema que son consideradas como prueba. La acusación es por supuesto mal desempeño de sus funciones, y lleva la firma, entre otros, de los diputados Eduardo Valdés, de Marcelo Casaretto; Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
Para los autores de la iniciativa, lo que se pretende con el juicio político es “resguardar, entonces, una sana e independiente administración de Justicia, que debido a la actuación de los aquí denunciados y por la investidura que los mismos tienen, se ha visto menoscabada afectando gravemente las instituciones democráticas”.
Los hechos
El pedido inicia con varias carillas con citas de jurisprudencia que buscan validar al juicio político como instrumento de orden constitucional. Después hay un apartado dedicado a los hechos que les endilgan a los cortesanos.
Dice el documento: “La Corte Suprema (…) ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, inclurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
La cautelar favorable a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación es uno de los motivos citados en el planteo.
Pero también hay un punteo con un detalle de los hechos. El primero de ellos apunta al presidente de la Corte, Rosatti, por sus “declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal”.
Los demás hablan de “atropellos en el Consejo de la Magistratura”; la “vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en relación a los supuestos chats entre el secretario de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño de licencia, Marcelo D’Alessandro.
Uno de los puntos apunta directamente a Maqueda, ya que tiene que ver con la Obra Social del Poder Judicial, que hasta el año pasado estuvo a cargo de un hombre de su riñón hasta que salieron a la luz una serie de graves irregularidades: hablan de “incumplimientos y desmanejos relevados por la comisión de auditoría de la Obra Social”.
El petitorio de los diputados oficialistas
En la página 80 del planteo, los diputados y diputadas requirieron que la comisión cite a los cuatro cortesanos. También hay un listado de 44 personas a las que buscan que se llame a prestar su declaración testimonial.
El primero de ellos es Silvio Robles, el director de la vocalía de Rosatti; el ministro D’Alessandro, gobernadores que estuvieron de acuerdo con la presentación del juicio político; el procurador del Tesoro Carlos Zanini y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
El listado incluye al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; al profesor y ex cortesano Eugenio Zaffaroni; el abogado Eduardo Barcesat y el jurista español Baltazar Garzón. Lo mismo con los integrantes de la vocalía de Rosatti y todos los directores, secretarios, funcionaros y/o empleados de la Justicia que “hayan tenido intervención y/ pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
El pedido también incluye a un puñado de organizaciones de Derechos Humanos. Desde Madres de Plaza de Mayo pasando por HIJOS, el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos Humanos. En total suman más de 40 personas que serán citadas si lo dispone la Comisión dominada por el Frente de Todos.
Los cortesanos pueden asistir pero no están obligados a hacerlo. El resto de los testigos, si.
Fuente: Perfil