Advierten sobre la grave situación de los servicios dirigidos a personas con discapacidad

Desde hace cuatro años el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncia insistentemente las graves consecuencias que tiene el desfinanciamiento económico al sistema de atención a personas con discapacidad por parte del Estado nacional y los gobiernos que lo administran.

Dicho sistema se financia a partir de los aranceles que fija el Gobierno nacional a través de la Andis y el Directorio del Sistema Único de atención a personas con discapacidad (DSU) por medio del “Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”. Dejando aclarado que el gasto que se origina para brindar las prestaciones se compone en un 70-75% en el pago sueldos y cargas sociales, determinado por los convenios laborales, siendo el otro 25-30% el componente de gastos generales e
insumos, determinados por la suba de la inflación.

En esta situación las organizaciones, profesionales y transportistas no pueden regular el ingreso ya que es fijado por el Estado, sin tener en cuenta lo que fijan los gremios ni el costo de vida reflejado en los índices de una inflación creciente.

“Los servicios se siguen brindando aún en esta situación, manteniendo a todo el plantel de personal y los gastos, más las implicancias que significa la atención en pandemia, que aumenta los costos”, aclara el coordinador del Foro, Pbro. Pablo Molero.

El Foro inició su actividad en 1997 y nuclea a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad de todo el país.

Todo esto ha sido reconocido por los organismos financiadores en reuniones donde los números revelan un desfasaje real de más del 70% en los aranceles.

“Esta situación motivó la desarticulación una vez más por parte de los organismos financiadores, del siempre inconcluso estudio de costos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad responsable del Directorio que regula el Sistema de atención a personas con discapacidad y fija los aranceles”, señala el Padre Molero.

“Nuevamente la respuesta gubernamental no está a la altura de las circunstancias y de no encontrarse una respuesta real que dé solución, llevará a que no se pueda brindar servicio, que se produzca un mayor endeudamiento, cierres y bajas de servicios que ya se están produciendo”, advierte Molero.

En una carta dirigida a miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, el Foro expuso la preocupante realidad del sector:

1. El único aumento que se tuvo en todo 2020 fue del 10%, a partir de diciembre, o sea solo al último mes del año aplicó dicho incremento, cuando los sueldos del sector subieron alrededor del 48,82 % y un índice de aumento de precios al consumidor 36,15%. Esto claramente hizo crecer el desfasaje arancelario, que ya era del 55% en enero de ese año.
2. Los funcionarios y organismos financiadores se comprometieron a dar en febrero de 2021 un porcentaje que reconociera lo sucedido en 2020 con el nuevo presupuesto.
   La propuesta del sector, que preveía un primer aumento de emergencia del 30% a febrero, se aceptó como razonable considerando el retraso del 70% actual, pero se incumplió. La misma implicaba una revisión en julio que compense el desfasaje o parte de él, para recomponer la situación y sacar de la crisis al sector.
3. La respuesta gubernamental otorgó un aumento escalonado del 34% en tres tramos (21 % abril, 9% julio, 4% en octubre, no acumulativo). Aquí cabe aclarar que los meses se facturan con la prestación brindada, es decir, a mes vencido y que a partir de dicha presentación demoran 90 días, en el mejor de los casos, para ser abonadas. Esto implica que el paupérrimo aumento para este año concluye en realidad cobrándose en
   el 2022. Por otra parte este 34% de incremento escalonado otorgado no tiene en cuenta lo que no se reconoció en 2020 y los aumentos de sueldo del 2021, que en un primer tramo ya están vigentes con un 36% en Sanidad y un 35,60 % Utedyc. Ambos convenios con revisiones y tramos pendientes de otorgar para este año y que hacen imposible el pago con lo otorgado en aranceles para el 2021.
4. Que los trabajadores de la Sanidad, principal referente en cuestiones salariales del sector, está reclamando un ajuste del 45% en los salarios a partir de julio de 2021. Asimismo, otros gremios del sector, están a la espera de diferentes ajustes que en general rondan el mismo incremento.
5. Que paralelamente a esto se está produciendo un sistemático vaciamiento de los prestadores de transporte, a través de un brutal ajuste que ha llevado al no pago de las prestaciones, sobre todo de las orientadas a los sectores más vulnerables que hace inviable el sostenimiento del servicio. Sumado a esto los innumerables problemas
   financieros, de reconocimiento de las prestaciones y aumentos que se dan en los organismos financiadores.

Los prestadores quedan sin alternativa frente a la posición dominante del Estado, que “de no subsanar el desfasaje del 70% actual, llevará irremediablemente a la quiebra de los servicios afectando más de 100.000 mil puestos de trabajo y a más de 150.000 personas con discapacidad que requieren de estos servicios para sostener su calidad de vida y acceder a sus derechos”, concluye Molero.